Ciudad Victoria, Tam.- Tras el desmantelamiento de una presunta red de corrupción al interior del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Tamaulipas, la dirección administrativa del organismo en el estado ha quedado bajo el mando de un militar en activo.
Se trata del General Brigadier Flavio Alejandro Perea Alcaraz, quien asumió como encargado de la operación administrativa del IMSS en la entidad.
El nombramiento, dado a conocer este primero de mayo, se produce luego de la detención del titular del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada (OOAD), Dr. José Luis Aranza Aguilar, el pasado 22 de abril en Ciudad Victoria, en un operativo que ha generado controversia por presuntas irregularidades en el procedimiento.
En un comunicado oficial, el IMSS señaló que la aprehensión del doctor Aranza se realizó “sin observar diversos principios constitucionales y disposiciones legales”, sin que mediara orden judicial ni flagrancia, por lo que ya se presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República para esclarecer los hechos.
La intervención de las fuerzas armadas en la operación administrativa del Seguro Social en Tamaulipas ocurre en un contexto de tensión interna por actos de corrupción.
En marzo, fue separado de su cargo el subdelegado del IMSS en Reynosa por denuncias de extorsión a empresarios.
En abril, otros ocho funcionarios fueron removidos por presuntas compras irregulares, lo que derivó incluso en amenazas anónimas dirigidas al entonces delegado para que frenara las investigaciones.
A raíz de esta serie de acciones correctivas, el IMSS decidió atraer las facultades de la delegación estatal y nombrar a Perea Alcaraz como responsable interino.
El General Brigadier funge también como Coordinador de Seguridad del instituto a nivel nacional.
La llegada de un militar al mando de las operaciones administrativas en el IMSS Tamaulipas marca un hecho inédito en la vida institucional del organismo, y evidencia la gravedad de la crisis de confianza en el aparato burocrático del sector salud.
Las autoridades federales aseguran que la medida busca garantizar transparencia, orden y control en el manejo de recursos públicos en una de las entidades con mayores antecedentes de irregularidades en su sistema de salud.