Antonio H. Mandujano
El proyecto impulsado por Nuevo León para construir una segunda cortina en la presa El Cuchillo no es una decisión que pueda tomar unilateralmente ese estado, debido a que la infraestructura forma parte de un esquema hidráulico que también involucra directamente a Tamaulipas y al Distrito de Riego 026.
La propia Comisión Nacional del Agua (Conagua) confirmó que, además de los estudios técnicos, administrativos y legales que todavía debe presentar Nuevo León, la obra requiere el consenso o aval de Tamaulipas, debido al convenio firmado en 1996 para regular el aprovechamiento de las aguas del río San Juan y los trasvases de El Cuchillo hacia la presa Marte R. Gómez.
Luis Carlos Alatorre Cejudo, director del Organismo de Cuenca Río Bravo de Conagua, señaló que hasta el momento Nuevo León no ha ingresado formalmente el expediente para la construcción de la segunda cortina, por lo que todavía no existe una autorización definitiva para ejecutar la obra.
El planteamiento del gobierno de Nuevo León contempla elevar cuatro metros la cortina de El Cuchillo, con lo que pretende incrementar la capacidad del embalse de alrededor de mil millones a dos mil millones de metros cúbicos. El gobernador Samuel García ha señalado que se busca iniciar los trabajos antes de concluir su administración y terminarlos hacia 2029.
Sin embargo, mientras Nuevo León presenta el proyecto como una alternativa para almacenar una mayor cantidad de agua durante huracanes y ciclones y fortalecer el suministro de la zona metropolitana de Monterrey, para Tamaulipas la discusión tiene otra implicación: el agua almacenada en El Cuchillo está vinculada desde hace tres décadas con el abastecimiento del sector agrícola del norte tamaulipeco.
Tamaulipas tendrá que estar en la mesa
Conagua ha sido clara al señalar que el proyecto deberá analizarse tomando en cuenta los intereses de ambas entidades.
Alatorre Cejudo explicó que Agua y Drenaje de Monterrey debe integrar primero un estudio de factibilidad que incluya el proyecto ejecutivo, la tenencia de la tierra, análisis costo-beneficio y los estudios necesarios para determinar la pertinencia técnica, administrativa y legal de la obra.
Pero, además, la Federación tendrá que revisar cómo la ampliación de El Cuchillo se relaciona con el convenio de 1996.
“¿Cómo se va a integrar y cómo se van a empatar los intereses de ambas entidades federativas?”, planteó el funcionario federal, quien recordó que la Conagua debe garantizar tanto el derecho humano al agua como el cumplimiento de los acuerdos existentes. Al ser cuestionado directamente sobre si Tamaulipas tendría que dar su consenso o aval para la segunda cortina, respondió: “Claro, claro”.
Esto coloca al Gobierno de Tamaulipas y a los usuarios del Distrito de Riego 026 como parte de una discusión que va más allá de una obra de infraestructura para Nuevo León.
La ampliación de la presa podría modificar las condiciones de almacenamiento y operación de uno de los principales embalses involucrados en el esquema de trasvases hacia Tamaulipas, por lo que cualquier cambio tendrá que ser revisado bajo las reglas existentes.
▶️Productores piden respetar el acuerdo
El tema ha generado preocupación entre productores tamaulipecos, particularmente entre los usuarios del Distrito de Riego 026, quienes han insistido en que cualquier decisión debe respetar las reglas establecidas para el manejo del agua.
Jorge Luis López, representante del Distrito de Riego 026 en la frontera de Tamaulipas, señaló que el acuerdo debe cumplirse y que actualmente el sector enfrenta una situación complicada.
El representante reconoció que, con los niveles actuales de almacenamiento, todavía no existe certeza de que pueda realizarse el trasvase de este año, pero insistió en que la determinación debe tomarse conforme a las reglas establecidas.
El problema agrícola se suma a la discusión porque el Distrito 026 atraviesa una reducción importante de superficie sembrada. De acuerdo con declaraciones de productores recogidas por Agencia Reforma, en el ciclo anterior alrededor de 20 mil hectáreas de una superficie de 70 mil quedaron sin sembrar, mientras que para el próximo ciclo se contempla una superficie cercana a 40 mil hectáreas.
La situación también ha sido documentada a nivel federal y estatal. El Distrito de Riego 026 comprende municipios de la frontera como Mier, Miguel Alemán, Camargo, Díaz Ordaz, Reynosa y Río Bravo, y cuenta con una superficie regable superior a las 76 mil hectáreas, de acuerdo con documentación del Congreso de Tamaulipas.
Por ello, para los usuarios tamaulipecos la discusión no solamente se refiere a cuánta agua puede almacenar El Cuchillo, sino a qué ocurrirá con el agua que históricamente forma parte del esquema de distribución hacia la Marte R. Gómez y, posteriormente, hacia las zonas agrícolas del norte del Estado.
▶️El trasvase de este año también está pendiente
La discusión por la segunda cortina ocurre, además, cuando todavía está pendiente definir el trasvase correspondiente a este año.
Conagua informó que será el 31 de octubre cuando se determine si existen condiciones para realizar el envío de agua de El Cuchillo a la Marte R. Gómez. La decisión dependerá de los almacenamientos registrados y de los criterios técnicos aplicables.
De acuerdo con información difundida sobre el convenio, la condición para la operación del esquema depende de los niveles de ambas presas al cierre de octubre.
Productores tamaulipecos han señalado que actualmente El Cuchillo se encuentra alrededor de los niveles que permitirían analizar el trasvase, mientras que la Marte R. Gómez mantiene un almacenamiento inferior al umbral establecido. Sin embargo, todavía falta conocer las condiciones que prevalecerán al 31 de octubre.
El antecedente demuestra que el manejo de El Cuchillo ya ha generado negociaciones entre ambos estados. En 2022, por ejemplo, Conagua autorizó un trasvase de 200 millones de metros cúbicos hacia la Marte R. Gómez, después de un acuerdo entre Tamaulipas y Nuevo León que permitió garantizar agua tanto para Monterrey como para el Distrito de Riego 026.
▶️¿Qué establece el acuerdo de 1996?
El punto central para Tamaulipas se encuentra en el Acuerdo de Coordinación para el Aprovechamiento de las Aguas del Río San Juan, firmado el 13 de noviembre de 1996 por los gobiernos de Tamaulipas y Nuevo León, la Conagua, Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey y representantes de los usuarios del Distrito de Riego 026.
El acuerdo estableció un mecanismo para determinar cada año si existen excedentes en El Cuchillo que deben ser enviados a la Marte R. Gómez.
En la primera etapa, con un acueducto operando, se establece como referencia que El Cuchillo tenga más de 315 millones de metros cúbicos al 1 de noviembre y que la Marte R. Gómez se encuentre por debajo de 700 millones de metros cúbicos.
En esas condiciones, se contempla transferir a Tamaulipas los excedentes correspondientes.
Posteriormente, con la entrada en operación del segundo acueducto, el esquema contempla una segunda etapa: el nivel de referencia de El Cuchillo aumenta a 516 millones de metros cúbicos, mientras que el límite de la Marte R. Gómez se mantiene en 700 millones de metros cúbicos.
Además, la revisión de los almacenamientos se realiza tomando como referencia el 31 de octubre de cada año, fecha fundamental para determinar las condiciones del posible trasvase.
Es precisamente este acuerdo el que Conagua considera vinculante para analizar la construcción de una nueva cortina en El Cuchillo, y por tanto la ampliación de la presa no puede verse únicamente como una obra de Nuevo León para almacenar más agua, ya que cualquier modificación en su capacidad y operación tendrá que ser revisada frente a los compromisos existentes con Tamaulipas.
Así, antes de que una segunda cortina pueda convertirse en una obra en marcha, Nuevo León deberá integrar los estudios técnicos, administrativos, legales y económicos requeridos; Conagua tendrá que evaluar su viabilidad y, de acuerdo con el posicionamiento expresado por el Organismo de Cuenca Río Bravo, Tamaulipas deberá participar y dar su aval o consenso, debido a los derechos y obligaciones derivados del acuerdo de 1996.